Cómo serán los “operativos a gran escala” en busca de coyotes con fines de extraditación en Estados Unidos -Politica-

Operaciones a gran escala para desarticular estructuras criminales que trafican personas será el siguiente paso de las acciones conjuntas entre Guatemala y agencias de Estados Unidos para frenar la migración irregular y desestimular este negocio ilícito.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, anunció que esos operativos van en busca de coyotes con fines de extradición al país norteamericano.

“Estados Unidos tiene interés, eventualmente, de hacer persecución penal federal y en algunos casos existirán órdenes de extradición de las personas que sean de interés para ellos”, precisó el funcionario en una entrevista con Prensa Libre.

Estas acciones de campo están acordadas en un  convenio bilateral que suscribió  el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el año pasado  con autoridades del Triángulo Norte de Centroamérica.

Además, serían complemento al Acuerdo Relativo a la Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección ,firmado en el Despacho Oval el viernes último, el cual busca que Guatemala dé refugio a migrantes hondureños y salvadoreños.

Inteligencia

Degenhart señaló que trabajan  desde hace semanas en procesos de identificación y posterior desarticulación de estructuras criminales que trasladan migrantes ilegalmente a través del territorio centroamericano.

En ese esquema de investigación criminal participa la Fiscalía Transnacional del Ministerio Público y el trabajo se desarrolla en conjunto con los funcionarios federales estadounidenses que permanecen en Guatemala.

El ministro recordó que desde un principio se solicitó el incremento de la presencia de estos funcionarios en las diferentes especializaciones para dar los golpes concretos a estas bandas delincuenciales.

A decir de Degenhart, en el país hay —y estarán por venir— unos cien agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), equipos de Inteligencia criminal y Policía Fronteriza que participarán en los operativos.

En el plan de acción, explicó, existe un eje para eliminar la demanda de los servicios de las estructuras criminales —coyotes— y a raíz de esto se buscan medidas novedosas, como el otorgamiento a guatemaltecos de visas de trabajo en Estados Unidos para actividades agrícolas y próximamente  construcción y servicios.

“No vamos a seguir permitiendo que este tipo de estructuras hagan dinero a costa de la población guatemalteca”, precisó.

Comentó que las investigaciones por  parte de los Estados Unidos a estas estructuras van a generar impactos muy fuertes.

El presidente Donald Trump, durante la firma del convenio, que él llama Tercer País Seguro, dijo que combatir el coyotaje es una orden presidencial para las agencias del gobierno federal estadounidense.

Según el mandatario estadounidense, estas acciones sacarán del negocio a los coyotes y contrabandistas, a quienes calificó como “malas personas que ganan mucho dinero con la miseria de los demás”.

Confirma investigaciones

Estuardo López, subsecretario general del Ministerio Público (MP), informó que parte de estos procesos se llevan a cabo en una unidad de la Fiscalía contra la  Trata de Personas, la cual se encargará de investigar y de toda la persecución penal de los delitos que atenten contra los migrantes.

Explicó que en la parte de operativos existe confidencialidad y reservas.

Degenhart agregó que no  puede hablar del número de bandas criminales que se busca desarticular, porque se vulnera el proceso de investigación, pero sí reiteró que hay una serie de estructuras que están identificadas.

De acuerdo con testimonios de coyotes entrevistados por Guatevisión, el costo para trasladar a migrantes hacia los Estados Unidos está entre US$6 mil —Q46 mil— y US$22 mil —Q168 mi—.

Estos precios han aumentado debido a  mayores controles fronterizos y al pago de extorsiones a grupos narcotraficantes en México. También se dijo que  han proliferado más bandas de traficantes de personas.

Visión regional

Degenhart dijo que existe una integración muy fuerte en la región, y se agregaron  equipos de los ministerios de Gobernación de Costa Rica y Panamá a los planes que se venían desarrollando en el Triángulo Norte.

En ese sentido, dijo que eso  implica  —a excepción de Nicaragua—  que existe una  integración  en  Centroamérica.

En la reunión de ministros de seguridad del Triángulo Norte, a celebrarse en Panamá en agosto, se invitará a Colombia para fortalecer capacidades de operaciones regionales a gran escala. El último paso será invitar a México.

“Se va a tener cubierto el área con una relación de coordinación y cooperación fluida, para dar golpes a una escala muy importante”, reiteró.

No todo es seguridad

Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, indicó que la coyuntura actual es muy significativa e importante con el acuerdo migratorio con Estados Unidos, el cual fue abordado por varios meses con antelación y que Guatemala ya implementó leyes contra la trata de personas y el coyotaje.

Explicó que ya  existen varias iniciativas para evitar el tráfico ilícito de personas, pero que el abordaje de las migraciones tiene que ser visto de manera completa e integral y no solo con enfoque en la seguridad.

Resaltó que si bien los operativos serán contra coyotes, estas redes son trasnacionales y por lo tanto es   probable que  haya altos funcionarios involucrados, no solo en el tráfico de personas, sino de drogas, armas y dinero.

Acciona contra acuerdo

Acción Ciudadana (AC) solicitó ayer un amparo a la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el acuerdo  suscrito en Washington entre el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Kevin McAleenan.

Eddy Cux, director de AC, dijo que Degenhart no tiene facultades para firmar un convenio que involucra a otros ministerios, como Educación, Trabajo y Salud.

Aparte, la Corte admitió para su trámite el amparo presentado el viernes último por el abogado Marco Vinicio Mejía, quien también actuó contra el convenio de Tercer País Seguro.